Colonialidad Verde y Transición Energética Justa: Innovación, Permanencias Y Disputa Por Derechos

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar críticamente las contradicciones inherentes al modelo hegemónico de transición energética en el contexto del capitalismo globalizado, investigando cómo las arquitecturas contemporáneas de gobernanza climática y las estrategias de actuación de las corporaciones transnacionales impactan la realización de los derechos humanos. Parte de la premisa de que la transición energética representa una innovación tecnológica y financiera de gran escala, sustentada en nuevos instrumentos de mercado, métricas ambientales y arreglos regulatorios orientados a la descarbonización. Sin embargo, sostiene que, cuando tales innovaciones no están acompañadas por innovaciones democráticas y jurídicas correspondientes, capaces de redistribuir poder y garantizar la participación sustantiva de las comunidades afectadas, la transición tiende a reactivar lógicas coloniales de apropiación territorial, reproduciendo desigualdades históricas y promoviendo violaciones sistemáticas contra pueblos indígenas, comunidades quilombolas y otros grupos tradicionales. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cualitativo de orientación teórico-crítica, basado en revisión bibliográfica interdisciplinaria y análisis documental de instrumentos normativos internacionales, articulados con el examen de un estudio de caso situado en el contexto brasileño. El marco teórico se fundamenta en la teoría crítica de los derechos humanos desarrollada por Joaquín Herrera Flores, en diálogo con el pensamiento decolonial y el campo de Empresas y Derechos Humanos, con énfasis en los Principios Rectores de las Naciones Unidas. Los resultados muestran que el cumplimiento meramente formal de estándares ambientales y taxonomías de sostenibilidad es insuficiente para prevenir violaciones socioambientales, especialmente ante la ausencia de mecanismos jurídicos vinculantes de responsabilización extraterritorial de actores corporativos. Se concluye que una transición energética verdaderamente justa exige la centralidad de los derechos humanos, entendidos como procesos históricos y conflictivos de lucha por la dignidad, así como el reconocimiento político de las resistencias populares como sujetos constituyentes y el fortalecimiento de instrumentos jurídicos capaces de enfrentar violaciones derivadas de la actuación corporativa transnacional.