DOI 10.34019/1980-8518.2020.v20.30087
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Migraciones contemporáneas: una
aproximación al caso español en un contexto de
avance del conservadurismo
Miguel Ángel Oliver Perelló
*
RESUMEN: Partiendo del contexto actual, este artículo pretende señalar algunos de los aspectos de las
migraciones contemporáneas y en particular, de la migración hacia España, en un marco europeo de
crecimiento del rechazo al diferente en el que resurgen con fuerza los discursos antiinmigración en un
mundo globalizado. Las políticas de extranjería centradas en el control de los flujos y el cierre de
fronteras como los que se vienen produciendo en Europa, tanto para los migrantes como para los
refugiados, señalan, hoy más que nunca, la necesidad de desarrollar políticas migratorias que apuesten
claramente por la integración de los inmigrantes, basadas en la igualdad de derechos y la convivencia
intercultural.
PALABRAS CLAVES: Migraciones contemporáneas; España; globalización; desplazamiento de
trabajadores; conservadurismo.
Contemporary migrations: an approach to the Spanish case in a
context of the advance of conservatism
ABSTRACT: On the current context, this article aims to point out some of the aspects of contemporary
migration and, in particular, migration to Spain, in a European framework of growth of rejection to the
different in which anti-immigration discourses reappear in a globalized world. Immigration policies
focused on the control of flows and the closing of borders such as those that have been occurring in
Europe, both for migrants and refugees, point out, today more than ever, the need to develop migration
policies that are committed clearly for the integration of immigrants, supported by equal rights and
intercultural coexistence.
KEYWORDS: Contemporary migrations; Spain; globalization; workers displacement; conservatism.
Enviado em 31/03/2020
Aprovado em 24/04/2020
*
Trabajador Social. Master en Migraciones Internacionales Contemporáneas (UP Comillas). Profesor de los
estudios de Grado en Trabajo Social (Universitat de les Illes Balears-UIB). España.
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Introducción
“Al sistema le interesa el racismo, si el obrero le echa
la culpa a la inmigración, se evitan una revolución”
Pablo Hasél, rapero y poeta catalán
En el momento de escribir el presente artículo, están sucediéndose a una velocidad de
vértigo, situaciones en el conjunto del planeta que han cambiado de golpe, y esperemos que
temporalmente, nuestras vidas. La aparición del coronavirus, conocido como COVID-19, que
se manifestó por primera vez en diciembre del 2019 en el continente asiático, se expande de
manera vertiginosa a lo largo del planeta y es declarado al poco tiempo, pandemia, por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), afectando a cientos de miles de personas de los
cinco continentes. Para hacer frente a esta situación, la mayoría de los Estados responden con
el cierre de sus fronteras exteriores, al mismo tiempo que toman medidas excepcionales en su
interior, restringiendo la libertad de circulación de las personas, ordenando el cierre de escuelas
y universidades, y limitando con el cierre de comercios, las actividades económicas no
esenciales.
Una situación, que nos recuerda nuestra pertenencia a la aldea global a la que se
refirieron McLuhan y Powers (1995), como a ese mundo interdependiente que muestra lo vasto
y lo limitado que el planeta resulta ser al mismo tiempo. Es también en ese mundo
interdependiente en el que, sin embargo, cada vez son mayores los esfuerzos por marcar
fronteras entre un norte económico y un sur, entre el que existen enormes desigualdades en un
contexto global en el que se acentúa el debilitamiento del Estado-nación. Un escenario de
mundialización de la economía, en el que los gobiernos han perdido el control sobre los flujos
de capital o de la producción con la proliferación de organizaciones transnacionales que,
cruzando fronteras geográficas y políticas, imponen sus condiciones, haciendo que la soberanía
de los Estados se encuentre cada vez más limitada.
En la era de la globalización, la inmigración se ha convertido en una necesidad
estructural de los países con las economías más desarrolladas. Incluso en etapas con tasas de
paro elevadas en las sociedades de destino, sigue habiendo una elevada dependencia de los
trabajadores extranjeros (ABAD, 2002). Esta necesidad estructural en los países del norte
económico - que choca paradójicamente con los esfuerzos que al mismo tiempo se realizan para
controlar de manera estricta los movimientos de las personas -, intenta resolverse a través de
una selección de trabajadores provenientes de determinados países y limitando al mismo
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tiempo, la llegada de nacionales de las regiones más empobrecidas del planeta (ARCE, 2018).
Todo ello, en función de las necesidades del mercado laboral para unos determinados sectores
en el lugar de destino, aquellos tradicionalmente rechazados por los nacionales por sus malas
condiciones, y a los que accederán los inmigrantes de nuevo ingreso, a los que Galbraith (1992),
se referirá como subclase funcional.
Décadas atrás, la inmigración se concebía por parte de los países del norte como
temporal, sin ningún planteamiento en relación a la permanencia o integración de las personas
en los lugares de destino. Era entendida simplemente como fuerza de trabajo temporal de la que
además, se podría prescindir fácilmente en función de las necesidades del mercado de trabajo.
La pretensión era que las personas llegaran por un periodo de tiempo determinado y regresaran
después a sus países de origen. El término, trabajadores invitados (o gastarbeiter), de especial
significación en países como Alemania en la década de los años 60, remarca claramente la idea
de provisionalidad con que se aspiraba que fuera la estancia de los trabajadores extranjeros en
las áreas de destino. Resulta obvio señalar a estas alturas, que la inmigración pretendidamente
temporal se convirtió en duradera, y que así continúa siendo en la actualidad con los flujos
migratorios modernos en general, con una clara voluntad de asentamiento permanente.
En 1965, el escritor suizo Max Frisch afirmó "queríamos trabajadores, pero vinieron
personas", poniendo de manifiesto que las políticas migratorias no pueden centrarse
únicamente en el control de los flujos. Sin embargo, no será hasta finales de los 80, cuando
Europa se dará cuenta de que la única alternativa para la “paz social” es la articulación, por
parte de los países de destino, de políticas migratorias que apuesten claramente por la
integración de los inmigrantes.
En España, como en otros países del sur del continente, la inmigración aparece más
tardíamente que en otros países europeos, si bien lo hará a través de un proceso muy acelerado.
La primera ley de extranjería - la Ley Orgánica 7/85, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España -, surge desde la preocupación por el control de los extranjeros y desde
un enfoque de la inmigración aún como temporal. Destaca en esta primera normativa, la
ausencia de aspectos relativos a la integración de los inmigrantes, que no aparecerán de manera
clara en la legislación hasta el año 2000.
Los fenómenos migratorios, constituyen el resultado de desigualdades globales que se
reproducen de manera permanente, y presentan sin duda una gran complejidad por los distintos
tipos de factores presentes en los mismos: de tipo económico, demográfico, político, social,
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cultural, etc., representando una serie de importantes desafíos tanto para las sociedades de
origen - de las que suelen salir los sectores de población más jóvenes y mejor preparados
(MARTÍNEZ VEIGA, 2000, p.7) -, como para las sociedades de destino, a las que se plantean
numerosos retos para la convivencia en la diversidad, y la adecuada atención de los aspectos
que presenta la llegada de población inmigrante a los distintos territorios. Pero las migraciones
no constituyen un fenómeno nuevo y ni tan siquiera en la actualidad los desplazamientos de
población son los más numerosos que se han dado a lo largo de la historia. Basta recordar en
este sentido, los cerca de 60 millones de europeos que se estima que emigraron principalmente
a América, pero también a diversos países de África y Asia durante la segunda mitad del siglo
XIX y la primera mitad del siglo XX. Del fenómeno migratorio actual, en relación a los
desplazamientos que tuvieron lugar en otros momentos de la historia, cabe destacar la
omnipresencia de un capitalismo global, que al mismo tiempo que incentiva las migraciones,
intenta también ponerles freno, y que además, tiene lugar paradójicamente en el caso del espacio
europeo, en el marco de un territorio denominado de “libre circulación de personas”. Este
carácter globalizado de las migraciones contemporáneas representa, como señala De Lucas,
(2003), un verdadero desplazamiento del mundo característico del modelo de mundialización
que se nos impone y que constituye un factor estructural, sistémico del mismo.
Los gobiernos de los países del norte económico, como sucede en el caso de la Unión
Europea, toman medidas como el cierre de fronteras para proteger a sus trabajadores nacionales
en el marco de discursos sobre la necesaria gestión de la inmigración que desde el respeto a la
legalidad y mezclando conceptos como el de seguridad, evite el efecto llamada
2
. Pero al mismo
tiempo, los estados necesitan fuerza de trabajo para cubrir espacios laborales que, en
determinados sectores, con malas condiciones laborales y asociados en algunos casos, a un
desprestigio social, los trabajadores nacionales rechazan. A la existencia de áreas con elevados
índices de pobreza y desigualdad, crisis económica y guerras en los países de origen, se unen
otro tipo de factores en las sociedades de destino: además del comentado rechazo de los
autóctonos por unos determinados puestos de trabajo, cabe destacar las elevadas posibilidades
de ocupación - en el caso español -, en sectores laborales que presentan pocas exigencias de
cualificación, así como la existencia de una economía informal que actúa también como imán
2
Con el término efecto llamada, se hace referencia a las políticas de un determinado gobierno que son señaladas
como incentivos para la llegada de inmigrantes: Fue un término ampliamente utilizado por el Partido Popular en
la oposición en España, durante el mandato del socialista Rodríguez Zapatero, en el año 2005.
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y que mantiene un importante peso en el conjunto de la actividad económica del país. Las
migraciones contemporáneas, no obstante, no pueden ya interpretarse en la actualidad
únicamente por la existencia de aspectos presentes en las naciones del norte y del sur, sin
atender a otros elementos que forman parte del fenómeno como son los movimientos de capital
- para el cual no existen las fronteras -, o la propia tecnología, en el marco de un mercado global
que del mismo modo que atrae a unos pocos a unas determinadas áreas, desplaza para abaratar
costes a otros, a las zonas periféricas (DE LUCAS, 2003).
Globalización, flujos migratorios y mercado de trabajo.
Como ya se ha señalado, una de las mayores paradojas de la época actual, lo constituye
el hecho de que al mismo tiempo que los procesos de globalización económica incentivan el
movimiento de trabajadores, de forma paralela, se pretende también limitarlos. La combinación
de factores de expulsión - de diferente tipo, pero mayoritariamente de naturaleza económica -,
y de factores de atracción (factores push -pull), tal y como señala la teoría neoclásica basada en
el diferencial de oportunidades y salarios (HATTON y WILLIAMSON, 1998), representa un
factor necesario - si bien no el único, como ya también se ha expuesto -, para que las
migraciones se den con la intensidad que ha venido caracterizando los recientes procesos.
Las políticas de inmigración, han centrado generalmente su preocupación en el control
de los flujos y en la adecuación a un mercado que concibe básicamente a los inmigrantes como
trabajadores individuales para los sectores laborales abandonados por los nacionales, lo que
refleja claramente una instrumentalización del fenómeno migratorio al basarse en una selección
de inmigrantes, que, por otra parte, se ha venido dando desde principios del siglo XX, con las
leyes de cuotas en los Estados Unidos
3
.
Como señala Piore (1979), la existencia de un mercado de trabajo dual en sociedades
con un determinado nivel de desarrollo, supone la existencia de un segmento de trabajadores
estables con un nivel de cualificación elevado y un alto nivel salarial, que coexiste con
numerosos puestos de trabajo caracterizados por su precariedad, malas condiciones laborales y
bajo status social. Esta dualización del mercado de trabajo como resultado de la globalización,
supone que los trabajos que cuentan con peores condiciones, presentan dificultades para ser
3
Las leyes de cuotas en los Estados Unidos fue un sistema que mediante la aprobación de una serie de leyes
durante el periodo de entreguerras, y que se mantuvo vigente hasta mediados los años 60, permitió la entrada de
extranjeros al país basándose en criterios étnicos (ORTEGA, 2017).
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cubiertos con los trabajadores nacionales, lo que hace necesario recurrir a trabajadores
inmigrantes para quienes, en su primera fase del proceso migratorio, tener un trabajo del tipo
que sea en las sociedades de destino, ya supone un éxito.
El mercado de trabajo constituye el eje central de las políticas migratorias basadas en
las necesidades del mismo y para lo cual se han ido adoptando diferentes mecanismos que
suponen una instrumentalización del inmigrante. Valga de ejemplo, las cuotas de inmigrantes
que, en el caso de España, se venían estableciendo hasta principios del presente siglo, y que
suponían una cuota anual cercana a las 30.000 personas, exclusivamente para ocupar aquellos
empleos que no podían cubrirse en su totalidad únicamente con los trabajadores nacionales. A
través de este procedimiento, supuestamente, se autorizaba a los extranjeros a entrar a España
desde sus países de origen, pero en la práctica esos puestos de trabajo se cubrían
mayoritariamente con inmigrantes que ya se encontraban en el país en situación irregular. Aun
así, cabe recordar que el volumen de autorizaciones, resultaban insuficientes para cubrir las
necesidades del mercado laboral en esos momentos, con lo que las necesidades del mismo sólo
consiguieron ser cubiertas con los distintos procesos de regularización de extranjeros
4
que
tuvieron lugar entre los años 1991 a 2001, así como con la contribución del trabajo irregular.
En el caso español, la economía sumergida ha representado tradicionalmente un
volumen importante en el conjunto del país, especialmente en determinados sectores, a los
cuales los inmigrantes han venido accediendo en un número considerable. Es importante en
este sentido, señalar de nuevo como además de los Estados, el capital, resulta determinante en
las políticas y los procesos migratorios, al interesarle la existencia en los países más
desarrollados, de una fuerza de trabajo abundante que, en situación de precariedad, esté
dispuesta a trabajar por salarios más bajos. La facilidad de incorporación de los inmigrantes al
mercado laboral a través de la economía sumergida en este sentido, formaría parte también del
efecto llamada, sin embargo, ello resulta poco mencionado en la mayoría de los discursos
políticos sobre el fenómeno migratorio y los factores de atracción, que evitan mostrar las
contradicciones existentes en el mercado laboral y en el propio sistema capitalista.
4
Los procesos de regularización de extranjeros en España han tenido por objetivo eliminar o cuando menos
disminuir, el volumen de personas extranjeras que se hallan en el país en situación irregular, a través de un
procedimiento por el cual los inmigrantes pueden acceder a una autorización de residencia y trabajo acreditando
llevar un período mínimo de seis meses residiendo en España y presentar un contrato (oferta) de trabajo.
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Fenómeno migratorio en España: un proceso tardío y acelerado.
A la complejidad jurídica y normativa que en general envuelve el fenómeno migratorio,
en el caso europeo se agudiza más si cabe con la comunitarización progresiva de la extranjería,
que supone compartir competencias en esta materia entre la Unión Europea y los Estados
miembros. En el caso español, además, hay que añadir la distribución de competencias entre
las distintas administraciones públicas del Estado: el gobierno central, que ostenta la
competencia exclusiva en materia de extranjería, y las comunidades autónomas y
administraciones locales, a quienes corresponde el desarrollo de las políticas de integración
social de inmigrantes.
Un aspecto particular entorno al fenómeno migratorio en España, lo constituye el hecho
de que este ha tenido lugar a través de un proceso muy acelerado, lo que ha significado una
importante transformación de la sociedad en un corto espacio de tiempo, con un considerable
impacto en distintos ámbitos de la misma. Así, España, que pasó - a partir de la década de los
80, y principalmente de los años 90 del siglo XX-, de país de emigración, a país receptor de
inmigrantes, llegó a situarse iniciado el siglo XXI, como uno de los países de la Unión Europea,
con una de las mayores tasas de extranjeros sobre el total de población. Cabe recordar que la
primera ley de extranjería aprobada en España - Ley Orgánica 7/85, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España -, no llegó hasta 1985 y surge desde la preocupación por el control
de los extranjeros, con una marcada ausencia en la normativa de aspectos relativos a la
integración de los inmigrantes al concebir aún la inmigración como temporal. Prueba de ello
son la inexistencia en esta primera normativa de los permisos de residencia y/o trabajo por
tiempo indefinido o de regulación de la reagrupación familiar
5
.
A partir del reconocimiento por parte de España en los años 90 del siglo XX, como país
de inmigración, se crean las oficinas de extranjeros
6
, en 1991, y se aprueba el Plan para la
Integración Social de los Inmigrantes, en 1994. En los años siguientes, se irán produciendo
diversos cambios normativos en materia de extranjería, todos ellos de manera acelerada y sin
excesiva planificación, como lo demuestra el hecho de que las cuatro leyes orgánicas en materia
de extranjería que se irán aprobando, se tramitaron todas por el procedimiento de urgencia,
5
La Reagrupación Familiar es un procedimiento a través del cual, se otorga una autorización de residencia
temporal a los familiares de extranjeros residentes en España, a petición de éste y siempre que se cumplan
determinados requisitos como haber residido en España durante un año como mínimo y disponer de una
autorización para residir otro año, poseer una vivienda adecuada y de medios económicos suficientes.
6
Las oficinas de extranjeros, ubicadas en las distintas provincias del Estado español, dependen de la
Administración General del Estado y ostentan la competencia en materia de extranjería e inmigración.
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mostrando la ausencia de una verdadera política migratoria de Estado, que venía simplemente
siendo modificada a partir de criterios ideológicos, por los distintos gobiernos que se iban
sucediendo en el poder.
El caso de la migración hacia España, al igual que hacia otros países del sur de Europa,
para King y Zontini (2000), responde a un modelo propio representado por la importancia de
sectores como el de la agricultura especializada, la construcción, el turismo o los servicios, con
una fuerte segmentación sexual en los mismos y una amplia presencia del sector informal
caracterizado por su precariedad. La llegada de población inmigrante a España, especialmente
intensa en las últimas 3 décadas - exceptuando el paréntesis de los años de la crisis que se inició
en 2008 -, ha tenido lugar, por otra parte, en un contexto de envejecimiento gradual de la
población, así como de incorporación progresiva de la mujer española al mercado laboral. Este
proceso de incorporación de la mujer española al trabajo, ha supuesto la sustitución de ésta en
las tareas de cuidados por mujeres inmigrantes - en lo que Parella (2000), denomina trasvase
de desigualdades de clase y etnia -, provenientes en su mayoría del continente latinoamericano,
al ser éstas preferentemente y desde un prejuicio étnico, las elegidas para la realización de este
tipo de tareas por encima de mujeres de procedencia africana o pertenecientes a la cultura
musulmana.
Esta celeridad y la intensidad en el volumen de llegadas que ha caracterizado el proceso
migratorio en España, ha significado también una mayor visibilidad del mismo en el entorno
más cercano, generando estados de opinión que hacen percibir el fenómeno migratorio, de
forma negativa o desmesurada. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas
7
(CIS),
de diciembre de 2018, la inmigración se colocaba en el sexto lugar entre las preocupaciones de
los españoles para el 12’5% de los encuestados. Monge (2019, p.6) señalará también como “una
parte importante de la población considera que los inmigrantes tienen un impacto negativo en
las ayudas y servicios
8
, en la economía y el mercado laboral”. La apreciación desmesurada del
fenómeno migratorio, en el que la percepción del mismo difiere mucho de la realidad en los
diferentes territorios, resulta por otra parte, más bien generalizada. A través del estudio
7
El CIS es un organismo autónomo que depende del Ministerio de la Presidencia de España y tiene como función
principal la realización de estudios que aporten conocimiento sobre la sociedad española.
8
Con “ayudas y servicios”, se hace referencia a las prestaciones y asistencias vinculadas a los servicios sociales,
del ámbito educativo, de vivienda, etc. , y a las que, en el marco de los discursos que señalan a los inmigrantes
como competidores con los nacionales por el acceso a los recursos existentes, se acusa habitualmente a los
primeros de ser mayores consumidores de los mismos.
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realizado sobre la percepción del fenómeno migratorio en diferentes países, Ruíz (2016),
expone cómo la percepción sobre el porcentaje existente de población inmigrante (24%),
duplicaba la cifra real de la misma, y en algunos casos, como en los EE.UU. o Italia, la
percepción se situaba en un 32% y 30%, frente al 12% y 7% real, respectivamente.
Avance de los discursos antiinmigración en un mundo globalizado.
Las manifestaciones de rechazo a la inmigración han ido incrementándose en las últimas
décadas en diversos lugares del continente europeo
9
, de forma paralela al crecimiento de
partidos políticos de extrema derecha, que tienen como nexo común las políticas
antiinmigración enmarcadas en discursos nacionalistas y antieuropeístas. Situados a lo largo del
espacio europeo, estos partidos comparten un discurso que aboga por reforzar los controles de
fronteras exteriores al espacio común europeo, y restringir en su interior, el acceso de las
personas inmigrantes a servicios básicos, proponiendo asimismo la expulsión de aquellos que
se encuentren en situación irregular.
Este crecimiento de partidos populistas de extrema derecha en Europa, comenzó a
hacerse visible a mediados de los años 80 del siglo XX, con el ascenso del Frente Nacional de
Le Pen, en Francia; a comienzos de los 90 en Bélgica con el éxito del partido ultraconservador
Vlaams Belang; en Holanda, primero con el Partido por la Libertad, y ahora con Foro para la
Democracia; con el Partido de la Libertad Austriaco (FPÖ), a principios del presente siglo; el
partido Fidesz, de Orbán, en Hungría, que gobierna desde el 2010 y es uno de los más críticos
en Europa con la inmigración; La Liga de Salvini en Italia, actualmente uno de los principales
referentes en la lucha contra la inmigración ilegal en Europa; con Alternativa por Alemania -
que consiguió casi el 13 por ciento de los votos en 2017 -; con el polaco Ley y Justicia, que
consiguió ser el partido más votado en 2005 y que regresó de nuevo al poder en 2015, o con los
Verdaderos Finlandeses, segunda fuerza política con el 17,5 por ciento de los votos en Finlandia
en 2019. La lista es muy larga en un escenario europeo en el que solo Irlanda, Luxemburgo,
Malta y Portugal, representan actualmente el pequeño grupo de países que están exentos de
partidos de ultraderecha en sus parlamentos, y del que, lamentablemente, ya no forma parte el
Estado español.
9
Con la crisis migratoria del 2015 en Europa, los partidos de extrema derecha se hicieron oír con fuerza y
consiguieron, en algunos territorios de la Unión Europea, cerrar las fronteras para los refugiados. La Unión
Europea firmaría posteriormente, en marzo de 2016, un polémico pacto con Turquía para que actúe de frontera
europea y frene la llegada de inmigrantes.
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Al igual que sucede en numerosos países del norte económico, también en España han
ido aumentando los discursos “del miedo” que asocian la inmigración a un problema,
asociándola con la realización de actos delictivos, considerándola una amenaza para la
identidad cultural y la responsable en el deterioro de los servicios públicos. España, que hasta
hace bien poco formaba parte del reducido grupo de países sin presencia de partidos de
ultraderecha en sus parlamentos - si bien los partidos existían, estos se situaban desde el inicio
de la etapa democrática en los años 80 del pasado siglo, en la marginalidad política -, rompió
esta tendencia recientemente con el partido ultraderechista VOX. En las elecciones generales
de 2016, VOX había conseguido tan solo un total de 47.182 votos, lo que se traduce en el 0,2
por ciento del sufragio. Solo tres años después, en las elecciones generales de noviembre de
2019, obtuvo más de 3,6 millones de votos y un total de 52 escaños, constituyéndose en
la tercera fuerza del Congreso. En su ideario, VOX presenta unas propuestas en materia de
inmigración
10
, muy claras: expulsión de inmigrantes ilegales, supresión de prestaciones
sociales a este colectivo y priorización de las mismas a los nacionales, así como expulsión de
extranjeros en situación legal que cometan delitos graves o sean reincidentes. Además, propone
dar por terminado el estado autonómico retornando las competencias al estado central, en un
esfuerzo por representar la unidad de España y el nacionalismo español, “amenazado por la
llegada de inmigrantes”, en un contexto de crispación política en el país, con la situación de
Cataluña
11
como epicentro del conflicto.
Es en este contexto, en el que la diversidad como reto parece haber pasado a ocupar un
segundo plano - cuando no a desaparecer de los discursos públicos -, en el que van ganando
terreno los manifiestos que señalan la inmigración como uno de los problemas urgentes a
resolver por la amenaza que ello representa para la identidad nacional y como responsable de
las deficiencias de los distintos sistemas de bienestar. Por supuesto, en esos discursos no
aparecen las contribuciones positivas que las migraciones representan
12
económica, social y
10
Durante el estado de alarma decretado en España en fecha 14 de marzo de 2020 con motivo de la pandemia del
COVID-19, VOX, en relación a los inmigrantes, ha propuesto que aquellos en situación irregular que acudan a los
servicios sanitarios, tengan que abonar por ello una cantidad, así como que se proceda a la expulsión de aquellos
inmigrantes que se encuentran en los centros de internamiento una vez finalice el plazo máximo de internamiento
de 60 días que contempla la ley (Diario El País, 24 de marzo de 2020).
11
Las aspiraciones independentistas de una parte significativa de la población de Cataluña que han llevado a la
realización de un referéndum de autodeterminación, es señalado por algunos, como uno de los factores que han
influido en el crecimiento de VOX, que tiene entre sus propuestas estrella la supresión de las autonomías y el
retorno de las competencias al Estado central en el marco de un discurso sobre la defensa de la unidad de España.
12
En 2011, el estudio, Inmigración y Estado de Bienestar en España (Moreno y Bruquetas, 2011), ya señalaba
como lo que aportaban los inmigrantes al Estado de Bienestar era más de lo que recibían, destacando aspectos
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culturalmente, tanto para los países de destino como para los países de origen, y que
concretamente en el caso español, cabe destacar en relación a su aportación al crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB), a la ocupación en determinados sectores laborales en los cuales
la población inmigrante representa un porcentaje muy elevado de trabajadores, sin los cuales el
sostenimiento de estos resultaría ciertamente complicado, así como en el rejuvenecimiento de
la población y en el aumento de las tasas de natalidad, aspectos estos últimos, que como señalan
Aparicio y Tornos (2000), si bien no se consideran suficientemente válidos para resolver las
dificultades del sistema de pensiones, sí que han contribuido en cualquier caso, a evitar un
colapso del mismo.
La ausencia de este tipo de argumentos, sobre las aportaciones que la inmigración
comporta para España, es habitual en los discursos del conjunto de partidos políticos en general,
evidenciando el temor de estos a perder cuota electoral. Este temor, se pone también de
manifiesto con la desaparición progresiva de la palabra inmigración, que hasta hace escaso
tiempo se encontraba presente en distintos niveles de la administración, en consejerías o
direcciones generales que ostentaban la competencia en la materia. Del mismo modo, han ido
desapareciendo los planes de integración de la población inmigrante, observatorios de
inmigración, etc. que existían también, tanto a nivel nacional como en diferentes regiones del
estado español, y que si bien fueron extinguiéndose a lo largo de los años de crisis, una vez que
esta se ha superado - al menos desde los discursos oficiales y las cifras de la macroeconomía -,
ya no han vuelto a hacer acto de presencia.
La integración de inmigrantes: modelos nacionales de integración y
resurgimiento del enfoque asimilacionista.
En el marco europeo, destacan como modelos nacionales de integración de inmigrantes
(CARRERA, 2006; BORGES, 2013), iniciados en la década de los años 60 y 70 del pasado
siglo, por una parte, el modelo francés, considerado de tipo asimilacionista, en el que el
inmigrante es el diferente que debe ir desprendiéndose progresivamente de su cultura de origen
y adoptar los usos del país de destino, e identificarse con el ideal republicano basado
fundamentalmente en la igualdad; por otro lado, el modelo inglés, que representa el modelo
como el relativo a la sanidad, en el que el gasto sanitario que suponían los inmigrantes para el Estado era del 5%,
o en relación a las pensiones, representando las personas extranjeras el 1% de los pensionistas.
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multiculturalista, y que contrariamente al modelo francés no pretende una uniformidad en los
inmigrantes, sino que apuesta por la heterogeneidad cultural considerada un enriquecimiento
de la sociedad, y de ahí que defienda la integración étnica en cada grupo, y de estos con la
mayoría. Finalmente, aunque de menor significación que los anteriores, cabe mencionar
también la práctica, desarrollada fundamentalmente en Alemania en los años 60, de
“trabajadores extranjeros invitados”, calificado como claramente segregacionista al basarse de
manera exclusiva en la integración económica y laboral del inmigrante.
Si bien en la actualidad no son pocos los discursos que afirman que los modelos
nacionales de integración están hoy en día agotados, y aun siendo la integración, entendida de
forma muy diversa dentro de la Unión Europea, esta se sitúa fundamentalmente en torno al
trabajo, predominando un enfoque individual de la misma basado en las necesidades del
mercado laboral y en las potencialidades de integración de cada persona. Nada que resulte del
todo nuevo, por otra parte, si nos atenemos a que desde la estrategia de Lisboa
13
, la política
europea de integración de la población inmigrante ha tenido como eje principal, el mismo sobre
el que han girado las políticas dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión: el empleo,
basándose en el supuesto de que la inserción laboral de la población inmigrante, comportará
también su integración social. Hoy en día, y en términos generales, puede afirmarse que en
buena parte de Europa, se asume actualmente el fracaso del multiculturalismo, se enfatizan los
discursos sobre la asimilación y se reafirma la necesidad de que los inmigrantes se desenvuelvan
con facilidad en la sociedad receptora y en relación al trabajo, con exigencias de implicación
por su parte en la consecución de ese objetivo (URTEAGA, 2010; GARCÍA, 2015).
En el caso de España, si bien no podemos hablar de un modelo propio de integración
como tal - por la ausencia también probablemente de un ideal único de lo que significa España
14
entre las diferentes regiones -, Martínez (2009), se referirá al caso español como el modelo
patchwork. Con esta denominación, el autor compara el tejido conformado por diferentes piezas
unidas entre sí, con la heterogeneidad autonómica en las políticas de integración y que se
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La Estrategia de Lisboa, (2000) es un plan de desarrollo de la Unión Europea aprobado por el Consejo de
Europa en Lisboa, en marzo del año 2000, que entre otros, plantea una serie de objetivos para combatir los
problemas de desempleo, pobreza y exclusión social que afectan a los distintos territorios en el marco de la Unión.
14
España constituye un estado descentralizado, conformado por 17 Comunidades Autónomas, complejo
territorialmente y diverso en lo cultural - en el que además del castellano, existen también como lenguas cooficiales
el Euskera, el Catalán y el Gallego -, y en lo histórico, con una plurinacionalidad que es aceptada por la propia
Constitución Española, que reconoce nacionalidades y regiones y la existencia de territorios diferenciados con
singularidad histórica (Cataluña, País Vasco y Navarra), y que supone también por todo ello, diversas
interpretaciones sobre la identidad nacional.
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traduce en que las bases para la misma se construyen a partir de las particulares características
de cada territorio, destacando en este sentido, como un caso singular dentro de Europa.
Al margen de esta disparidad territorial, propia por otra parte de un Estado
descentralizado como el español, de acuerdo con Basagoiti y Bru (2012), podemos hablar de
integración - recogida como uno de los ejes centrales de la política de inmigración en la Ley
Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre -, cuando la persona inmigrante dispone en la sociedad
de destino “de igualdad de condiciones, derechos obligaciones y oportunidades que los
ciudadanos autóctonos, pudiendo preservar la cultura de origen” (BASAGOITI y BRU, 2012,
p. 373), y que se corresponde con el enfoque jurídico, presente también en países de la Unión
Europea. Destaca en este sentido, la idea de igualdad entre inmigrantes y autóctonos, señalada
como objetivo fundamental, al entender que es precisamente la limitación de derechos de los
primeros en relación con los nacionales, lo que representa uno de los obstáculos presentes en
las relaciones de convivencia entre la población extranjera y autóctona, y que muestra la
asimetría entre ambos grupos, reforzando los discursos sobre la competencia de los inmigrantes
(TEZANOS, 2001; LABRADOR, 2004; BASAGOITI y BRU, 2012) para el acceso
normalizado y de calidad a servicios básicos, como sanidad, educación o servicios sociales.
Consideraciones finales
Con la mundialización de la economía, las fronteras se han convertido en más
permeables para el capital y más selectivas para la fuerza de trabajo atendiendo a las
necesidades del mercado. A pesar de ello, las migraciones constituyen un fenómeno global,
imparable, en el que las razones para emigrar son más poderosas que los muros que se levantan
en los lugares de destino para evitar la entrada. En este contexto, negar el pluralismo ya
definitivamente instalado en nuestras sociedades y pretender unos territorios sin inmigración,
es irreal, entre otras razones porque no solo los migrantes precisan del norte económico,
también éste, precisa de manera ineludible de los inmigrantes.
Las políticas migratorias reconocieron en el caso europeo, especialmente a partir de
principios del presente siglo, que aun considerando el empleo como factor clave, era preciso
apostar por una política de integración que tuviera como objetivos, el acceso de los inmigrantes
a los bienes y servicios públicos a partir de principios de igualdad no discriminatorios. En el
contexto actual, la presencia creciente de discursos de rechazo hacia la población inmigrante -
que cuentan ya por otra parte, con considerables apoyos -, puede acabar conduciendo a un
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retroceso en las políticas de integración que, apostando por la igualdad de derechos, en la
actualidad se ven ya claramente amenazadas.
Frente a los discursos que señalan la inmigración como una amenaza, la importancia de
desarrollar políticas migratorias que apuesten por una integración basada en la igualdad, radica
precisamente, en que son estas las que deben servir para asegurar los valores comúnmente
aceptados desde un marco constitucional de derechos que favorezca la convivencia
intercultural, y que entienda que los inmigrantes, particularmente en el caso del continente
europeo, son parte de la solución a algunos de sus muchos problemas.
Una vez que asumimos que la política de inmigración no puede limitarse a la regulación
de los flujos migratorios, urge reforzar un Estado de Bienestar insuficientemente desarrollado
en el caso español, y que, desde la crisis de 2008, se ha ido progresivamente precarizando. Este
paulatino debilitamiento de los sistemas del Estado de Bienestar, sirve para reforzar los
discursos que señalan a los inmigrantes como competidores desleales por unos recursos o
servicios escasos, y que obvian la responsabilidad de los gobiernos y las administraciones
públicas, en desarrollar una planificación adecuada de los servicios atendiendo a las
necesidades del conjunto de la población que reside en los territorios.
En este sentido, resulta especialmente importante no dejarse confundir por los mensajes
que desde el ideario neoliberal que pretende la desigualdad, señalan a los inmigrantes como
responsables del debilitamiento continuo de nuestro sistema de bienestar, proponiendo levantar
muros que eviten su entrada y negar derechos cuando ya estén dentro. Frente a ello, no cabe
otra opción para la propia supervivencia de Europa, que una respuesta conjunta y contundente,
que apueste por poner en marcha políticas migratorias, hoy más necesarias que nunca, basadas
en una justicia global.
La actual pandemia de un virus como amenaza silenciosa, que nos sumerge en una
situación de extrañeza general y de incertidumbre en relación al futuro, oculta al mismo tiempo
otras pandemias existentes en nuestras sociedades basadas en la desigualdad, y en las que los
problemas globales se pretenden afrontar individualmente olvidando nuestra interdependencia
como humanidad y permitiendo también, que se intensifiquen los prejuicios racistas y
sentimientos nacionalistas excluyentes. En este contexto, cabe exigir que, a diferencia de lo
sucedido en otro tipo de crisis recientes, lo importante para los gobiernos no sea solo superar la
situación actual, sino que prevalezca el “cómo” esta pretende superarse, y en este sentido, que
los gobiernos tomen decisiones que no apuesten en esta ocasión por salvar el capital por encima
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de las personas, ni por dejar a su suerte a una parte de la población, la más vulnerable, entre la
que se encuentran los inmigrantes, cerrando fronteras exteriores o abriendo brechas interiores
atendiendo a criterios de clase o de etnia.
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